Mujeres Mazatecas por la Libertad acusan a ministro presidente de la SCJN de poner en riesgo sentencia absolutoria de Miguel Peralta
Por redacción
Ciudad de México.- Integrantes del colectivo Mujeres Mazatecas por la Libertad denunciaron presuntas irregularidades en la actuación del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, por admitir un recurso promovido por la diputada morenista Elisa Zepeda Lagunas contra la sentencia absolutoria del antropólogo mazateco Miguel Peralta Betanzos, emitida el 20 de febrero de 2026.
Durante un mitin y una rueda de prensa realizados en el plantón instalado desde el 17 de septiembre frente a la SCJN, las manifestantes señalaron que la admisión del recurso pone en riesgo una resolución que consideran histórica, al sostener que durante 12 años se fabricaron delitos para perseguir políticamente a integrantes de la comunidad indígena de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.
Las inconformes recordaron que Peralta Betanzos logró revertir en dos ocasiones una condena de 50 años de prisión y obtuvo un amparo de la Suprema Corte en 2024. Asimismo, afirmaron que la comunidad ha conseguido diversos amparos y resoluciones favorables frente a las acusaciones que enfrentan sus integrantes.
Las mujeres mazatecas cuestionaron la imparcialidad de Hugo Aguilar Ortiz y señalaron presuntas relaciones entre el ministro, Elisa Zepeda y el abogado particular de la legisladora, Carlos Morales. Por ello, solicitaron la recusación del ministro presidente para que no intervenga en el asunto.
También exhortaron a la ministra Yasmín Esquivel Mossa a resolver a la brevedad el recurso de reclamación y respetar la sentencia absolutoria de Peralta Betanzos, al considerar que prolongar el procedimiento mantiene la incertidumbre jurídica para las familias indígenas.
Respecto a los integrantes de la comunidad que permanecen en el exilio, informaron que están a la espera de una respuesta de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca sobre la cancelación de órdenes de aprehensión pendientes de ejecución, las cuales consideran improcedentes.
Finalmente, anunciaron que llevarán sus demandas ante Palacio Nacional para exigir una solución definitiva al conflicto. Aseguraron que la persecución ha generado distintas formas de violencia y afectaciones a alrededor de 50 familias durante 12 años, pese a los recursos judiciales favorables obtenidos desde 2015.
El colectivo reiteró que mantendrá el plantón frente a la SCJN hasta obtener una respuesta a sus exigencias de justicia y respeto a la resolución absolutoria.


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