Independencia judicial para atraso de la justicia: familiares de presos

Por redacción

Ciudad de México.- Familiares y amigos de los detenidos Julio César Flores Pérez y Estibaliz Javivi Hernández, quienes se encuentran en prisión preventiva en el CERESO de Pacho Viejo, municipio de Coatepec en Veracruz marcharon a la Secretaría de Gobernación luego de acudir a Palacio Nacional para denunciar la dilatación del proceso por parte del juez Óscar Hernández Carmona, quien ha hecho caso omiso al amparo indirecto 309/2026 emitido por un juzgado federal el pasado 2 de julio

Armando Levy Flores (hijo de los detenidos) ha solicitado la intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en atención a las irregularidades en el proceso penal, señalando al juez Óscar Hernández Carmona, por presunto desacato al amparo. Señaló que sus padres fueron vinculados a proceso dentro de la causa penal 525/2024 del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Pacho Viejo, a cargo del juez y desde el 21 de mayo de 2024 se les impuso la medida cautelar de resguardo domiciliario en un inmueble en Coatepec, sin embargo, el juez de manera arbitraria, revocó el resguardo domiciliario y les dio prisión preventiva el 9 de marzo de 2026 en el CERESO basándose en un informe policial con falsedades como supuestas molestias de los elementos como la falta de baños ignorando dictámenes periciales que demostraban que no existía ningún riesgo de fuga.

Ante esto, la defensa promovió el Juicio de Amparo 309/2026 ante el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Veracruz y el 2 de julio de 2026, el Tribunal Federal dictó sentencia y amparó a sus padres ya que el juez local nunca explicó por qué supuestas molestias con los policías significaban realmente una falta o representaban un riesgo de fuga u obstaculización del proceso.

A petición de la defensa, el 14 de octubre de 2026 el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito emitió un acuerdo ordenando el cumplimiento inmediato de la sentencia al amparo, no obstante, el juez Oscar Hernández desacató el ordenamiento federal e intentó simular el cumplimiento con una "resolución tramposa" el 31 de octubre de 2026, argumentando que los padres por ser jóvenes y sanos podrían fugarse.

Algunos familiares señalaron que existe tráfico de influencias de Ludivina García Rosas, una exjueza y funcionaria judicial para presionar a jueces y bloquear la justicia para que sus familiares queden en libertad, por lo que exigieron que se frenen las tácticas dilatorias de la Fiscalía, por lo que exigen se investigue y se sancione el desacato y parcialidad del juez de control.

Los familiares responsabilizaron a la Fiscalía de Veracruz por cualquier agresión hacia su familia ya que el proceso aún permanece en curso.