Diputado local del PAN propuso elevar al rango constitucional el control de convencionalidad en la CDMX
- hace 11 horas
- 2 Min. de lectura
Ciudad de México.- El diputado Ricardo Rubio Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa de reforma constitucional para establecer de manera expresa la obligación de todas las autoridades locales de aplicar el control de convencionalidad, con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos humanos en la capital del país.
La propuesta plantea reformar los artículos 1, 4 y 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México para que todas las autoridades —ejecutivas, legislativas, judiciales y órganos autónomos— estén obligadas a verificar que sus decisiones, políticas públicas y resoluciones se ajusten a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano.
“Si la Ciudad de México se define como una Ciudad de Derechos, entonces todas sus autoridades deben garantizar que cada decisión pública respete los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, señaló el legislador.
El diputado explicó que, aunque la Constitución local reconoce ampliamente los derechos humanos, no establece de forma explícita la obligación de aplicar el control de convencionalidad, lo que genera vacíos jurídicos y diferencias en la forma en que las autoridades interpretan y aplican las normas.
El control de convencionalidad implica que todas las autoridades revisen que sus actos y decisiones sean compatibles con los tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De acuerdo con datos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, tan solo en un informe reciente se registraron miles de expedientes de queja por posibles violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades locales, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales de protección.
La iniciativa plantea que el control de convencionalidad sea una obligación transversal para todo el aparato público, lo que tendría impactos directos en:
-El Poder Judicial, al fortalecer la capacidad de jueces y magistrados para proteger derechos humanos.
-La administración pública, al exigir que programas, políticas y reglamentos se ajusten a estándares internacionales.
-El Poder Legislativo, al obligar a que las leyes se elaboren considerando tratados internacionales.
-Los órganos autónomos, al reforzar sus facultades para vigilar el respeto a los derechos humanos.
Además, la reforma propone que la omisión de aplicar el control de convencionalidad pueda generar responsabilidades administrativas, civiles o penales para los servidores públicos.
La iniciativa también destaca la importancia de aplicar el control de convencionalidad con perspectiva de género, lo que permitiría que tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará se apliquen directamente en las decisiones de las autoridades locales.
