Cámara de Diputados elimina “pensiones doradas” de la administración pública

Ciudad de México.- El Pleno de la Cámara de Diputados avaló el dictamen a la minuta que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.

Con una votación en lo general unánime, se aprobó el proyecto derivado de la propuesta de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

El diputado Favio Castellanos Polanco, del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), señaló que el dictamen plantea establecer límites razonables, recuperar el sentido social del sistema y avanzar hacia un modelo más equitativo en el que las pensiones sean un reconocimiento digno al esfuerzo de toda una vida, no un privilegio excesivo financiado por la ciudadanía. Además, dichos esquemas no solo generan desigualdad, también comprometen la viabilidad financiera del Estado.

A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá estimó necesario revisar el esquema para fijar pensiones, con una medida objetiva, pues su otorgamiento no puede partir de una decisión discrecional. Se pronunció contra los excesos y planteó ajustar las pensiones que estén fuera de la legalidad, y respetar los derechos de quienes legalmente han recibido su pensión después de 30 o más años de servicio a México.

La diputada Lilia Aguilar Gil, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), expuso que hay casos de pensionados por empresas del Estado, como Luz y Fuerza del Centro, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, que evidencian la necesidad de eliminar las llamadas “pensiones de oro”. Añadió que presentará una reserva para evitar la aplicación retroactiva a quienes obtuvieron su pensión de manera legal, así como para exceptuar a personal técnico de Pemex que no se rija por el Apartado B.

Del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez advirtió que la iniciativa que se pretende aprobar es regresiva y atenta contra derechos adquiridos, sin un análisis profundo. Aseguró que no soluciona el problema estructural de las pensiones, no corrige las finanzas públicas y no es “pareja”, ya que algunos conservarán sus privilegios. “Es una reforma selectiva, discrecional, clasista y con un sustento jurídico poco sostenible”.

Claudia Ruiz Massieu Salinas, diputada de MC, respaldó el proyecto en lo general, al considerar que los recursos públicos no deben destinarse a financiar esquemas de retiro que superen los límites constitucionales. No obstante, enfatizó que si bien es positivo eliminar las pensiones millonarias no se deben afectar los ingresos de miles de personas que dependen de esos recursos. Opinó que la aplicación retroactiva de la reforma vulneraría derechos adquiridos mediante disposiciones transitorias.