CDHDF y PAOT impulsarán reformas de ley que permitan operar procesos de Justicia Restaurativa en mat

Ciudad de México. Al realizar la Firma de Convenio de Colaboración Institucional entre la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), las titulares de ambas instituciones coincidieron en señalar que con esta alianza, buscarán impulsar políticas públicas y reformas de ley para promover una “justicia restaurativa” que permita la reparación del daño en materia ambiental.

En el nuevo marco de atribuciones institucionales y de los derechos que garantiza la Constitución Política de la Ciudad de México, que las lleva a ser más que receptoras de quejas y denuncias y con el objetivo de coordinar acciones que permitan la defensa de los derechos ambientales y territoriales de los ciudadanos, trabajarán conjuntamente como Defensorías del Derecho a la Ciudad, teniendo como centro a las víctimas, a través de las Justicia restaurativa.

La titular de la PAOT, Mariana Boy, indicó que hace décadas, en aras de la urbanización para el desarrollo de la Ciudad, se violentan constantemente las normas para el ordenamiento territorial y ecológico, pasando por encima de la protección de los recursos naturales, las áreas verdes, la biodiversidad, el suelo de conservación, los recursos forestales y el uso de suelo.

Mariana Boy Tamborrell, mencionó que la transgresión de los derechos humanos de los capitalinos se resume en que de enero a abril de este año, la PAOT recibió mil 594 denuncias ciudadanas; inició 24 investigaciones de oficio y brindó 2 mil 160 asesorías. En tanto en 2018, recibió más de 5 mil denuncias, inició 120 investigaciones de oficio, y brindó más de 3 mil 500 asesorías.

“De enero de 2018 a la fecha, hemos recibido 72 solicitudes de información de la CDHDF, números que constatan que seguimos viviendo en una Ciudad en donde los Derechos Humanos no son respetados”, resaltó Mariana Boy.

A partir de 2017, ya cuentan con atribuciones constitucionales, pero necesitan lazos fuertes con instituciones como la CDHDF, con atención integral a los denunciantes e impulsar reformas de ley y políticas públicas, ya que la reparación del daño ya se establece a nivel federal en la Ley de Responsabilidad Ambiental, “en la capital del país aún no se cuenta con una política pública y un marco legal que permita la reparación del daño, es decir, que no solo se impongan multas o sanciones administrativas a los infractores, sino que se garantice en lo posible que el estado del medio ambiente vuelva a su condición previa al daño causado”, reiteró Boy Tamborrell.